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Ni una
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Aun en el contexto de emergencia sanitaria con la suspensión de entrevistas presenciales, la reconversión de hospitales y el cierre de los juzgados federales y otras instituciones, acompañamos 16 casos nuevos: ocho de acceso a aborto legal, siete de violencia obstétrica y uno de criminalización por aborto, priorizando la atención médica y psicológica de las personas acompañadas. Estos 16 casos se suman a los 80 procesos legales abiertos y al seguimiento de reparaciones en 35 casos, 19 a nivel local, 16 a nivel federal. El trabajo de la Red de Abogadas por la Justicia Reproductiva, con presencia en 13 estados de la República mexicana, ha sido fundamental para la documentación y acompañamiento de casos.

Un tribunal de la Ciudad de México admitió el servicio de aborto por causal salud como algo urgente. Andrea necesitaba acceder a un aborto, sin embargo, le negaron el servicio en un hospital del ISSSTE. GIRE promovió un amparo y el juez ordenó que se le brindara la atención médica de inmediato.

Logramos que la CEAV emitiera el plan de reparación integral para Mariana, una mujer que enfrentó una negativa de aborto por alteraciones congénitas por parte de una institución de salud del ISSSTE en la Ciudad de México.

Dos casos que hemos acompañado fueron incluidos en una Recomendación, emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que por primera vez aborda la violencia institucional ejercida en contra de mujeres trabajadoras al servicio del Estado por razón de maternidad, en detrimento de sus derechos laborales:

Berenice,

quien sufrió hostigamiento laboral al concluir su licencia de maternidad y, debido a la falta de respuesta y acción oportuna por parte de los funcionarios a los que solicitó apoyo, tuvo que renunciar a su trabajo.

Mónica,

quien debido a problemas de salud que presentó su hija pocos días después de nacer, solicitó una licencia especial por maternidad denominada “permiso retribuido”, pero se la negaron, quedando en incertidumbre respecto a su situación laboral.